Mejorar la atención de las personas dependientes -por razón de edad, enfermedad o discapacidad- les garantiza una mayor autonomía personal y calidad de vida. Proteger este derecho mediante la prestación de servicios de asistencia es el principal cometido de nuestra política para estas personas. La disponibilidad de plazas socio-sanitarias y centros especializados constituye una de las principales medidas para avanzar, además de la colaboración con otras administraciones en actuaciones sobre dependencia para lograr una mayor eficiencia de los recursos.

Nuestro compromiso
  • Creación de una mesa técnica para promover entre las administraciones competentes la revisión del modelo de aplicación en las Islas de La Ley de Dependencia.

  • Determinar recursos y protocolos específicos para los distintos tipos y grados de dependencia, reforzando aquellos con mayor déficit de plazas diurnas o residenciales.

  • Apostar por convenios entre administraciones públicas para el refuerzo y ampliación de la asistencia domiciliaria, fomentando el derecho a ‘envejecer en casa’.

  • Aumentar las plazas residenciales de atención a enfermos mentales o personas con graves trastornos de conducta.

  • Crear plazas nuevas para la atención sociosanitaria a personas mayores.